Nos adherimos a la Declaración de los Consejos y Comisionados de la Transparencia

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formularon en la ciudad de Cádiz, con ocasión del III Congreso Internacional de Transparencia, una declaración pública en apoyo de la transparencia y en demanda de un mayor apoyo a su labor por parte del resto de los poderes públicos y las Autoridades estatales, autonómicas y locales.

La Declaración de Cádiz, primera de esta naturaleza, contó con el apoyo explícito de los organizadores del Congreso de Transparencia y de 31 organizaciones de la sociedad civil, y tuvo repercusión en los medios, tanto digitales como convencionales y tanto a nivel estatal como autonómico y local.

La Declaración planteaba dos cuestiones fundamentales a los Gobiernos y Autoridades públicas. En primer lugar, la necesidad de continuar impulsando el cambio de paradigma que supone la transformación de la política y la actuación pública en una acción abierta a la ciudadanía y la sociedad a través de unas organizaciones y Administraciones Públicas propias del siglo XXI, ágiles, transparentes, flexibles y  en continuo y recíproco contacto con todos los agentes y sensibilidades sociales. Y en segundo lugar, demandaba la exigencia de garantizar el reconocimiento y el adecuado apoyo material a los Consejos y Comisionados de Transparencia, a nivel nacional y a nivel autonómico, si realmente se quiere lograr la transparencia de la actividad pública, tanto en su vertiente de publicidad activa como en la de garantía del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, así como la promoción y difusión de los valores y principios propios de esa cultura de la transparencia que desde hace casi cinco años las españolas y los españoles estamos decididos a implantar en nuestro sistema político y administrativo.

En estos momentos, transcurrido un año desde que se adoptó la Declaración de Cádiz, hemos de reconocer que no se ha obtenido la respuesta deseada. La política de transparencia continúa siendo una gran olvidada en la agenda de los gobernantes y los grupos políticos. Los Consejos y Comisionados de Transparencia no hemos sido dotados de medios adecuados, ni en el terreno de los recursos humanos ni en el de los económicos y materiales. El Consejo de Transparencia estatal continúa con una Presidencia interina que dura casi dos años. Y la resistencia al cambio de demasiados organismos e instituciones -que se prolonga incluso en el ámbito judicial- comienza a convertirse en un grave obstáculo para la eficacia de la actividad de los órganos garantes.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia somos conscientes de la dificultad de alcanzar acuerdos políticos que superen el actual bloqueo institucional, y de los obstáculos, no solo políticos sino también jurídicos y de orden constitucional, que esta situación supone para la adopción de decisiones a medio y largo plazo. Somos conscientes también de que, en un mundo cambiante y complejo como el actual, que se enfrenta a retos y desafíos inéditos en los ámbitos de la sostenibilidad, la  digitalización, la economía, los movimientos migratorios y sociales, la igualdad e, incluso, la demografía, no cesan de presentarse nuevas necesidades y urgencias que deben atenderse con preferencia a otras cuestiones y políticas públicas. En este contexto, las políticas de transparencia pueden aparecer como prescindibles o secundarias. Pero no lo son en absoluto, máxime en tiempos como los actuales, en que el fantasma de la corrupción ha vuelto a hacerse presente en la vida pública española y en los que crece la demanda social de regeneración democrática y gobierno ético de las instituciones. La transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información garantizan la rendición de cuentas de los gestores públicos y fortalecen la recuperación de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus dirigentes, debiendo prevalecer por ello en los programas y actuaciones de nuestros y nuestras gobernantes y constituir un objetivo prioritario e irrenunciable.

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